ECO/111

"Valores mobiliarios – Transparencia en la información"

Bruselas, 10 de diciembre de 2003

DICTAMEN

del Comité Económico y Social Europeo

sobre la

"Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a cotización en un mercado regulado y por la que se modifica

la Directiva 2001/34/CE"

(COM(2003) 138 final – 2003/0045 (COD))

     

 

El 8 de abril de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo de la Unión Europea decidió solicitar al Comité Económico y Social Europeo un dictamen sobre la

" Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a cotización en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE"

(COM(2003) 138 final – 2003/0045 (COD)).

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y de Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 26 de noviembre de 2003 (ponente: Sr. SIMON).

En su 404° Pleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2003 (sesión del 10 de diciembre de 2003), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 110 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

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*            *

1.      OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

1.1       La propuesta de Directiva sobre la transparencia de las sociedades con cotización oficial es una de las acciones prioritarias del Plan de acción en materia de servicios financieros (PASF), aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Lisboa, en marzo de 2000. Se inscribe en el programa que están llevando a cabo las instituciones europeas para lograr un mayor grado de transparencia de las sociedades con cotización oficial y mejorar la calidad de su información financiera y contable. Además de la propuesta de Directiva objeto del presente Dictamen, el programa consta del Reglamento Europeo que impone a las sociedades cuyos valores estén admitidos a cotización la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), a partir del 1 de enero de 2005, la Directiva sobre los abusos de mercado, que introduce nuevas normas más estrictas en materia de publicación de información privilegiada y trata de las manipulaciones de cotizaciones, y la Directiva sobre prospectos que, además de establecer un pasaporte europeo, refuerza las obligaciones en caso de emisión y oferta pública de valores mobiliarios o de solicitud de admisión a cotización de valores mobiliarios en un mercado regulado.

1.2       La propuesta de Directiva objeto del presente Dictamen, que se refiere a la información periódica de los emisores y la relativa a los cambios en participaciones importantes de su capital, tiene por objetivo declarado mejorar la protección del inversor y la eficacia de los mercados. A tal fin, también tiene el objetivo de asegurar una mayor apertura al mundo de las finanzas internacionales en cuanto al uso de idiomas y una mayor utilización de las nuevas tecnologías de la información para la difusión de la información. Por último, aunque ya se había decidido en 2000, responde a las iniciativas legislativas y reglamentarias adoptadas por los Estados Unidos a raíz de los escándalos que desestabilizaron los mercados financieros hace dos años y, en particular, a la ley Sarbanes-Oxley, para promover los mercados europeos de capitales.

1.3       En lo referente al calendario, el Consejo se ha fijado como objetivo su aprobación, en el marco del procedimiento de codecisión, en abril de 2004.

2.      PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA

2.1       En primer lugar, cabe subrayar que la propuesta de Directiva se basa en las recomendaciones del informe Lamfalussy, que establece, en el marco del procedimiento de codecisión, un planteamiento a cuatro niveles para regular los mercados de valores. El nivel 1, al que corresponde el proyecto de texto, debe centrarse en principios y opciones fundamentales. Posteriormente, las normas técnicas de aplicación son adoptadas por la Comisión, asistida por un comité de reglamentación, el Comité Europeo de valores (nivel 2). La aplicación coordinada de estas medidas incumbe, por su parte, al Comité europeo de reguladores de valores (nivel 3), y, por último, se refuerza el control de la aplicación del derecho comunitario por la Comisión (nivel 4).

2.2       En consecuencia, la propuesta de Directiva sólo contiene disposiciones esenciales que, en su caso, remiten a las medidas de ejecución de la Comisión para las modalidades detalladas de su aplicación.

2.3       A este respecto, es importante subrayar que, aunque el procedimiento elegido brinda a los reguladores capacidad de reacción y flexibilidad, es necesario por ello mismo prever la elaboración de un balance periódico sobre la convergencia efectiva de la regulación de los mercados financieros de los Estados miembros.

2.4      Las principales disposiciones de la propuesta de Directiva son las siguientes:

2.4.1       Ámbito de aplicación: la propuesta de Directiva se aplica a los emisores cuyos valores estén ya admitidos a cotización en un mercado regulado, establecidos o que operan en un Estado miembro (y no solamente a los emisores cuyos valores se admiten a la cotización oficial).

2.4.2       Fijación de un plazo para la publicación del informe anual: el plazo de publicación del informe anual para las empresas interesadas se fija, como mínimo, en tres meses después del fin de cada ejercicio.

2.4.3       Publicación de un informe semestral: la propuesta de Directiva impone a los emisores la publicación, únicamente para los primeros seis meses, de un informe semestral detallado, cuyo contenido se establece. El informe deberá publicarse en un plazo de dos meses después del final del semestre cubierto.

2.4.4       Publicación de informes trimestrales: por otra parte, los emisores cuyas acciones se negocian en un mercado regulado deberán publicar para el primer y tercer semestre su volumen de negocios consolidado neto, así como información sobre pérdidas y ganancias antes o después de impuestos, acompañada de notas explicativas y, si así lo desean, una previsión de la evolución futura de sus actividades al menos para el resto del ejercicio. Esta información deberá publicarse antes de que hayan transcurrido dos meses después del final del semestre cubierto.

2.4.5       Notificación en caso de cambios en participaciones importantes: la propuesta de Directiva amplía el número de umbrales por encima o por debajo de los cuales se requiere la notificación al emisor, por parte del tenedor de valores, de la proporción de derechos de voto y del capital que posee como consecuencia de este rebasamiento, y la publicación de esta información por el emisor.

2.4.6       Uso de medios electrónicos para la difusión de información a los tenedores de valores: los Estados miembros de origen deberán autorizar los emisores a usar medios electrónicos para transmitir información a los accionistas, sin perjuicio de una decisión tomada en asamblea general.

2.4.7       Simplificación de las obligaciones de información en cuanto al número de lenguas que deben emplearse: en los casos en que los valores se admitan a cotización en un mercado regulado, tanto en el Estado miembro de origen como en uno o más Estados miembros de acogida, la información regulada se publicará en una lengua aceptada por la autoridad competente de cada Estado miembro de acogida o en una lengua habitual en el campo de las finanzas internacionales. Ésta también podrá ser elegida por el emisor en todos los casos en que la denominación por unidad sea de al menos 50 000 euros, así como por los tenedores de valores para notificar el rebasamiento de los umbrales.

2.4.8       Acceso puntual a la información regulada: la propuesta de Directiva dispone que el Estado de origen debe exigir del emisor que, para la difusión de la información regulada, se sirva de medios que permitan una difusión efectiva de la información, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Un Estado miembro de acogida no podrá imponer la utilización de un medio específico, a excepción del sitio Internet del emisor.

2.5       Cabe señalar, por otra parte, que se trata de una Directiva de armonización mínima, y no máxima. Efectivamente, cada Estado miembro de origen puede imponer a los emisores obligaciones de información complementarias. En cambio, éste no es el caso para los Estados miembros de acogida. Consideramos que se trata de una etapa, pero que el objetivo final debe seguir siendo el de una armonización máxima, dado que la armonización mínima presenta graves inconvenientes para la igualdad de trato, tanto de los emisores como de los inversores. Convendría que la Comisión presentara en un plazo máximo de tres años un programa de acción que permita alcanzar este objetivo, para que no quede en mera declaración de intenciones.

3.      PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA

3.1       En conjunto, se trata de una propuesta de Directiva de carácter más bien técnico, y el Comité Económico y Social Europeo acoger favorablemente su objetivo. La mejora de la transparencia financiera y contable de las empresas con cotización oficial es un elemento esencial de la confianza en el funcionamiento de los mercados financieros. Además, una mayor armonización de las obligaciones de las empresas en la materia es imprescindible para la integración de los mercados financieros europeos, que es el objetivo del plan de acción para los servicios financieros. No obstante, la propuesta de Directiva plantea una serie de preguntas, unas de principio, otras de carácter técnico.

3.1.1       La publicación de informes trimestrales (artículo 6): se trata de una cuestión de principio, importante para el funcionamiento de los mercados financieros: desde el punto de vista de la Comisión, es indispensable que los inversores dispongan de elementos de información financiera y contable para poder elegir con conocimiento de causa y para que esté garantizada la igualdad de acceso de los diferentes inversores a la información. Además, la información requerida es limitada, ya que no se trata de proporcionar una cuenta de resultado y un balance, sino simplemente el volumen de negocios e información sobre pérdidas y ganancias antes o después de impuestos, lo que reduce notablemente el coste de esta operación. Por último, la Comisión considera que, en principio, la difusión de una información trimestral sobre los resultados no debería aumentar la volatilidad de los mercados financieros.

3.1.1.1       Sin embargo, esta cuestión está en el centro de un verdadero debate: la publicación obligatoria de una información trimestral es objeto de duras críticas por parte de las empresas y, en particular, de la UNICE. Varios inversores institucionales han declarado que no han solicitado esta información. Los inversores, en general, ya tienen que gestionar un enorme flujo de información, y preferirían aumentar la calidad de la información, en vez de su cantidad.

3.1.1.2       Además, la publicación obligatoria de una información trimestral tendría un verdadero impacto en términos de coste para los emisores y, en particular, para las PYME. Cabe preguntarse, sobre todo, si la generalización de una información trimestral sobre los resultados no tendría como consecuencia incitar a los inversores a adoptar una actitud a más corto plazo. Esto podría aumentar la volatilidad de los mercados y obstaculizar la aplicación de una estrategia a largo plazo para las empresas, obligadas a justificar sus resultados cada tres meses. Por ello, distraería con demasiada frecuencia a los directivos de sus responsabilidades operativas, obligándoles a ocuparse de comunicación, y tendría como consecuencia disuadir a las PYME de recurrir al mercado, resultado que sería contrario a uno de los objetivos enunciados en el informe Lamfalussy.

3.1.1.3  Habida cuenta de todas estas objeciones, la prudencia aconseja proceder por etapas, e imponer únicamente la publicación de la información relativa a la evolución del volumen de negocios y de las actividades para el primer y tercer trimestre. Al cabo de un período de tres años, la Comisión debería realizar un balance de la situación.

3.1.2       Control de la información por la autoridad reguladora (artículo 20): en la fase actual no se ha previsto armonizar el papel de las autoridades reguladoras de los Estados de origen con respecto a las obligaciones de información previstas en la propuesta de Directiva. Las autoridades reguladoras deben simplemente garantizar la publicación de la información solicitada en el plazo requerido. Ahora bien, el grado de intervención de las autoridades reguladoras varía según los Estados miembros: algunas, por ejemplo, efectúan un control de la coherencia, e incluso de la exactitud de la información que se debe publicar, lo que puede constituir una diferencia de trato significativa entre Estados miembros, tanto para los emisores como para los inversores.

3.1.3       Coherencia de la definición del Estado miembro de origen con la de la propuesta de Directiva sobre prospectos1 (artículo 2): la determinación del Estado de origen es un elemento importante, tanto para los emisores como para los inversores, porque determina la reglamentación que se aplica al emisor.

3.1.3.1       La definición elegida en la propuesta de Directiva sobre la transparencia no coincide exactamente con la definición recogida en el artículo 2 de la Directiva sobre prospectos: el umbral fijado para permitir que un emisor de obligaciones elija su Estado miembro de origen es un valor nominal de 5 000 euros en la propuesta, mientras que en la Directiva sobre prospectos es de 1 000 euros. Ahora bien, en aras de la legibilidad de la reglamentación, convendría alinear el umbral de la Directiva sobre la transparencia con el que figura en la Directiva sobre prospectos.

3.1.4       Inclusión de los valores derivados en los requisitos de notificación (artículo 2): En el régimen de notificación de los derechos de voto y de capital, la inclusión de los valores derivados (opciones, obligaciones convertibles o intercambiables) plantea dificultades en el cálculo de la proporción. En el caso de las opciones no es posible una obligación de información si los derechos no se ejercen aún. Cuando se trata de obligaciones convertibles se plantean dificultades si los derechos transferidos con ellas no se ejercen aún y, por tanto, las acciones correspondientes no existen todavía. En tales casos será imposible, por una parte, determinar la proporción de los instrumentos en cuestión. Por otra, no queda claro en qué medida se habrán de tener en cuenta dichas acciones, cuya emisión sólo intervendrá en el futuro, al determinar el capital total y la totalidad de los derechos de voto y, por consiguiente, la proporción de derechos de voto y de capital de terceros sujetos a la obligación de notificación. Por tanto, la inclusión de valores derivados –cualquiera que sea su clase– en la obligación de notificación de participaciones importantes no está en consonancia con el régimen y, por ello, convendría suprimirla.

3.1.5       Plazo de publicación del informe financiero anual (artículo 4): el artículo 4 dispone que el emisor hará público su informe financiero anual como mínimo tres meses después del fin de cada ejercicio. Este plazo podría plantear problemas, en la medida en que se especifica que el informe de auditoría completo deberá publicarse junto con el informe anual, lo que implica que las cuentas deberán publicarse tal como se presentarán a la asamblea general de accionistas, algo que muchas empresas no podrán realizar en el plazo de tres meses.

3.1.6       Plazo para la publicación del informe semestral y carácter obligatorio o no de la auditoría del informe (artículo 5): el artículo 5 dispone que deberá publicarse un informe semestral, de conformidad con las normas internacionales (NIC 34), antes de transcurridos dos meses después del final del semestre. Sin embargo, este plazo es incompatible con una auditoría de las cuentas semestrales para los emisores que publican cuentas auditadas. Cabe recordar que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad sólo recomienda este plazo para las cuentas no auditadas. Por otra parte, el artículo 5.5 establece que, en el marco del procedimiento de comitología, se podría imponer una auditoría del informe; los Estados miembros de origen, por su parte, también pueden imponer una auditoría. Una obligación de esta índole, que sería onerosa, no debería depender del procedimiento de comitología.

3.1.6.1       Por otra parte, en lo referente al contenido del informe semestral, sería necesario precisar lo que se entiende por "informe de gestión", que no tiene el mismo significado en todos los Estados miembros. En la práctica, convendría solicitar una actualización de la información financiera contenida en el último informe de gestión, para no imponer demasiadas obligaciones a las empresas.

3.1.7       Notificación de la adquisición o cesión de participaciones importantes (artículo 9): las modalidades de esta notificación pueden acarrear problemas prácticos para determinadas categorías de agentes y, en particular, los inversores institucionales. Por ejemplo, una de las preguntas que se plantean es la de determinar, en un grupo, en qué nivel conviene consolidar las participaciones de las diferentes filiales de gestión de activos, lo que también plantea el problema de las denominadas "murallas chinas" que dichos agentes deben erigir.

3.1.8       Información adicional al público (artículo 12): este artículo impone al emisor la obligación de informar al público sin demora de toda modificación de los derechos de los tenedores de valores y de toda nueva emisión de empréstitos. Por razones de seguridad jurídica de los emisores, convendría precisar el significado exacto de los términos "sin demora", habida cuenta de que estas cuestiones se deciden a nivel de asamblea general. En cualquier caso, el plazo sólo puede empezar a contar una vez tomada la decisión por el órgano competente.

3.1.9       Acceso puntual a la información regulada (artículo 17): es éste un artículo importante en el sentido de que se hace hincapié en una difusión rápida y eficaz de la información, tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, el artículo 17.2 establece que el Estado miembro de acogida podrá imponer a los emisores la obligación de "avisar a cualquier persona interesada, sin demora y gratuitamente, sobre cualquier nueva revelación o de cualquier cambio de la información regulada ya publicada": esta obligación es demasiado vaga y, por ellos, excesiva. Por ejemplo, la obligación de avisar a toda persona que así lo solicite, aunque se hiciera a través de Internet, podría implicar para la empresa la obligación de gestionar un fichero de tamaño desmesurado, lo cual sería costoso. Además, podría dar lugar a actos malintencionados que podrían bloquear el sistema.

3.1.10       Sanciones (artículo 24): el artículo 24 impone a los Estados miembros la obligación de prever sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las disposiciones adoptadas de conformidad con la propuesta de Directiva objeto de examen, sin perjuicio de su derecho a imponer sanciones penales. Sin embargo, esta disposición plantea a priori problema desde el punto de vista del Convenio Europeo de Derechos Humanos, dado que a las sanciones administrativas se suman las sanciones penales y que, por tanto, la acumulación de estos dos tipos de sanciones es contraria al principio de "non bis in idem".

PROPUESTAS

Capítulo 1 – Artículo 2.1 e) iv)

e) iv)  valores derivados que dan derecho a una persona física o jurídica a adquirir, por propia iniciativa, o a ceder, por única iniciativa de un tercero, acciones que confieren derechos de voto con el emisor;

e) iv)  Suprimido.

Capítulo 1 – Artículo 2.1

Armonización de las definiciones del Estado miembro de origen entre la Directiva sobre prospectos y la propuesta de Directiva objeto de examen.

1. i) "Estado miembro de origen",

i) En el caso de un emisor de obligaciones cuya denominación no exceda de 5.000 euros, o de un emisor de acciones:

– en caso de que el emisor esté constituido en la Comunidad, el Estado miembro en que tiene su sede social;

– en los casos en que el emisor esté constituido en un tercer país, el Estado miembro en el que se le requiere que registre la información anual con la autoridad competente de conformidad con el artículo 10 de la Directiva;

ii) Para todo emisor no contemplado en el inciso i), el Estado miembro elegido por el emisor entre los Estados miembros que hayan admitido sus valores a cotización en un mercado regulado en su territorio, a condición de que sigan admitiendo esos valores a cotización en ese mercado regulado por espacio de tres ejercicios, siendo éste el período de validez de la opción del emisor;

1. i) "Estado miembro de origen", 

i) En el caso de un emisor de obligaciones cuya denominación no exceda de 1 000 euros, o de un emisor de acciones:

– en caso de que el emisor esté constituido en la Comunidad, el Estado miembro en que tiene su sede social;

– en los casos en que el emisor esté constituido en un tercer país, el Estado miembro en el que se le requiere que registre la información anual con la autoridad competente de conformidad con el artículo 10 de la Directiva;

ii) No se modifica

Capítulo II – Artículo 4

Ampliación del plazo de publicación del informe financiero anual a cuatro meses.

1. El emisor revelará al público su informe financiero anual como mínimo tres meses después del fin de cada ejercicio, y se asegurará de que siga estando públicamente disponible.

1. El emisor revelará al público su informe financiero anual como mínimo cuatro meses después del fin de cada ejercicio, y se asegurará de que siga estando públicamente disponible.

Capítulo II – Artículo 5

Ampliación del plazo de publicación del informe financiero semestral y precisión en cuanto a la actualización de la información financiera contenida en el informe de gestión

1. El emisor revelará al público un informe financiero semestral que cubrirá los primeros seis meses del ejercicio, tan pronto como sea posible después del fin del período correspondiente, pero antes de transcurridos dos meses después del mismo. El emisor se asegurará de que el informe semestral siga estando disponible para el público.

2. El informe financiero semestral comprenderá:

a) el conjunto de estados financieros resumidos;

b) una actualización del último informe de actividad, de conformidad con el apartado 5 del artículo 4;

c) declaraciones efectuadas por cada uno de los responsables del emisor, cuyo nombre y cargo se indicará claramente, con el propósito de que la información contenida en el informe financiero semestral sea, según su conocimiento, conforme a los hechos y que el informe no incurra en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido.

1. El emisor revelará al público un informe financiero semestral que cubrirá los primeros seis meses del ejercicio, tan pronto como sea posible después del fin del período correspondiente, pero antes de transcurridos tres meses después del mismo. El emisor se asegurará de que el informe semestral siga estando disponible para el público.

a) No se modifica.

b) una actualización de las informaciones financieras del último informe de actividad, de conformidad con el apartado 5 del artículo 4;

c) No se modifica.

Capítulo II – Artículo 6

Limitación de la obligación de publicación de una información trimestral al volumen de negocios neto

1. Un emisor cuyas acciones estén admitidas a cotización en un mercado regulado deberá hacer público información financiera trimestral que cubra el primer y el tercer trimestre, respectivamente, del ejercicio, tan pronto como sea posible después del fin del trimestre correspondiente, pero antes de transcurridos dos meses después del mismo. El mismo emisor se asegurará de que la información financiera trimestral siga estando disponible para el público.

2. La información financiera trimestral contendrá por lo menos:

a) cifras consolidadas, presentadas en forma de cuadro, indicando, para el trimestre de que se trate, el volumen de negocios neto, y las pérdidas y ganancias antes y después de la deducción de impuestos; y

b) una declaración explicativa relativa a las actividades del emisor y a sus pérdidas y ganancias durante el trimestre de que se trate; y

c) si el emisor así lo desea, una indicación de la probable evolución futura del emisor y de sus filiales, al menos para el resto del ejercicio, que reseñe cualquier incertidumbre y riesgo significativos que puedan afectar a esa evolución.

3. Si se ha auditado el informe financiero semestral, el informe de auditoría, así como cualquier cualificación suplementaria o referencia a otros asuntos mediante el énfasis con el cual los auditores llaman la atención sin calificar su informe, se reproducirá íntegramente. Lo mismo se aplicará en el caso de un estudio de auditoría. Si la información financiera trimestral no ha sido auditada o revisada por auditores, el emisor hará una declaración a ese efecto.

4. La Comisión, de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 23, adoptará medidas de aplicación para tener en cuenta los progresos técnicos de los mercados financieros y asegurar la aplicación uniforme de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.

La Comisión deberá, en particular:

a) especificar el período durante el cual la información financiera trimestral publicada debe seguir a disposición del público, así como otras condiciones que deba cumplir el emisor en ese contexto

b) aclarar, en su caso, los términos "volumen de negocios neto" y "pérdidas y beneficios antes y después de la deducción de impuestos" en relación con determinados tipos de emisores, como las entidades de crédito;

c) especificar qué información debe figurar en la declaración explicativa, mencionada en la letra b) del apartado 2, y en la indicación de la probable evolución futura del emisor, mencionada en la letra c) del apartado 2;

d) aclarar la naturaleza del *estudio de auditoría, mencionado en el apartado 3;

1. Un emisor cuyas acciones estén admitidas a cotización en un mercado regulado deberá hacer público al menos su volumen de negocios neto para el primer y el tercer semestre, tan pronto como sea posible después del fin del trimestre correspondiente, pero antes de transcurridos dos meses después del mismo.

a) Suprimido.

b) una declaración explicativa relativa a las actividades;

c) si el emisor así lo desea, una indicación de la probable evolución futura del emisor y de sus filiales, al menos para el resto del ejercicio;

3. Suprimido.

4. No se modifica.

a) Suprimido

b) aclarar, en su caso, los términos "volumen de negocios neto" en relación con determinados tipos de emisores, como las entidades de crédito;

c) No se modifica.

d) Suprimido.

Capítulo IV – Artículo 17

Precisiones relativas a la difusión por parte del emisor de la información regulada

2. Un Estado miembro de acogida no puede imponer a los emisores ningún requisito relativo a los medios que deben utilizarse para la difusión de la información regulada. Sin embargo, un Estado miembro de acogida puede requerir a los emisores:

a) la publicación de la información regulada sobre sus sitios de Internet, en cuyo caso el Estado miembro de acogida deberá mantener informado al público de los sitios de Internet de los emisores; y

b) que para avisar a cualquier persona interesada, sin demora y gratuitamente, sobre cualquier nueva revelación o de cualquier cambio de la información regulada ya publicada, dicha comunicación debe efectuarse por medios electrónicos o, si así se solicita, en papel.

2. No se modifica.

a) No se modifica.

b) que para avisar a cualquier persona que consulte dichos sitios, sin demora, sobre cualquier nueva revelación o de cualquier cambio de la información regulada ya publicada.

Capítulo V – Artículo 20

Armonización mínima de los controles de las autoridades competentes

1., 2. y 3.

4. Se dotará a cada autoridad competente de los derechos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Estará autorizada como mínimo a:

(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) y (h):

5. y 6.

1., 2. y 3. No se modifican.

4. Se dotará a cada autoridad competente de los derechos necesarios para el ejercicio de sus funciones Deberá cerciorarse de la coherencia e inteligibilidad de la información facilitada por el emisor en virtud de la presente Directiva. Estará autorizada como mínimo a:

(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) y (h): No se modifican.

5. y 6. No se modifican.

Bruselas, 10 de diciembre de 2003.

El Presidente

del Comité Económico

y Social Europeo

Roger BRIESCH

El Secretario General

del Comité Económico

y Social Europeo

Patrick VENTURINI

1  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el prospecto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores, y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE – 2001/0117 (COD), aprobada el 15 de julio de 2003.


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