NAT/099

"SEGURIDAD ALIMENTARIA/

AUTORIDAD ALIMENTARIA

EUROPEA"

Bruselas, 28 de marzo de 2001

DICTAMEN

del Comité Económico y Social

sobre la

"Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se

establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria,

se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos

relativos a la seguridad alimentaria"

(COM(2000) 716 final - 2000/0286 (COD))

 

El 22 de diciembre de 2000, de conformidad con los artículos 37, 95, 133 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la

"Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria"

(COM(2000) 716 final - 2000/0286 (COD)).

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de marzo de 2001 (ponente: Sr. VERHAEGHE).

En su 380º Pleno de los días 28 y 29 de marzo de 2001 (sesión del 28 de marzo de 2001) el Comité Económico y Social ha aprobado por 92 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

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*          *

1.       Introducción y antecedentes

1.1.        El 8 de noviembre de 2000, la Comisión aprobó su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

1.2.        La propuesta constituye un texto fundamental entre las ochenta y cuatro disposiciones legislativas en materia de seguridad alimentaria y de los piensos que se propondrán en los próximos tres años a resultas del Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria adoptado en enero de 2000. El Libro Blanco constituye una revisión fundamental de las políticas comunitarias vigentes sobre seguridad alimentaria y de los piensos para animales y una respuesta a la preocupación creciente del consumidor por la seguridad de nuestros alimentos.

 

1.3.        En el CES se debatió el Libro Blanco, lo cual condujo a la emisión de un Dictamen1, que se aprobó por amplia mayoría en mayo de 2000.

1.4.        En la propuesta se había incluido una serie de sugerencias formuladas en el Informe del CES sobre el Libro Blanco, en particular las que se refieren a una mayor atención a la gestión de crisis, a la incorporación de un cierto grado de competencia en materia de nutrición y del agua potable en la definición de productos alimentarios y a las cuestiones relacionadas con la acuicultura, la pesca o los productos del mar.

1.5.        También conviene señalar que el artículo 29 de la propuesta refleja las preocupaciones principales planteadas por el CES sobre posibles conflictos entre los puntos de vista científicos nacionales y comunitarios, si bien, tal y como se indica en las observaciones específicas, el CES considera que la solución ofrecida no da la suficiente precedencia científica a la Autoridad Alimentaria Europea (AAE). En el artículo 35 se recoge el compromiso de resolver los problemas de coordinación entre las autoridades respectivas nacionales y comunitarias, punto que se consideró, de nuevo, de importancia fundamental en los debates del CES sobre el Libro Blanco.

1.6.        Entre las sugerencias no incorporadas se cuentan las relativas a aspectos sociales, que se remitieron a otros instrumentos jurídicos. El Comité subraya que los dictámenes aprobados por la AAE podrían tener consecuencias importantes en aspectos como la seguridad en el trabajo, el empleo y la competitividad industrial, y volverá a tratar esas cuestiones en futuros dictámenes relativos a aspectos específicos de la seguridad alimentaria.

1.7.        En discusiones anteriores sobre el tema de la Autoridad Alimentaria de la UE, muchos miembros plantearon cuestiones sobre la composición de la Junta directiva de la Autoridad Alimentaria Europea (AAE) y destacaron, por ejemplo, la necesidad de incluir a productores de alimentos básicos, así como de hacer hincapié en el enfoque integrado respecto a la cadena alimentaria. Igualmente, se expresaron dudas importantes sobre la capacidad de la AAE para comunicarse con el público, habida cuenta de sus recursos limitados.

1.8.        El presente dictamen se propone examinar en detalle la propuesta, subdividida en Título II ("Normativa General sobre Alimentos"), Título III ("Organismo Alimentario Europeo", OAE), Título IV ("Sistema de Alerta Rápida, gestión de crisis y situaciones de emergencia") y Título V ("Procedimientos y disposiciones finales").

 

2.       Observaciones generales

2.1.        El Comité valora positivamente los esfuerzos de la Comisión por llevar adelante esta propuesta con celeridad. Asimismo, garantiza un examen eficaz y equitativo de la propuesta y expresa la esperanza de que otras instituciones afectadas actúen en el mismo sentido, dada la preocupación pública en este ámbito y la necesidad de disponer tan pronto como sea posible de un instrumento europeo adecuado para la determinación del riesgo en estas cuestiones.

2.2.        El Comité lamenta que la revisión de las disposiciones legislativas contenidas en el Libro Blanco anteceda el acuerdo sobre los nuevos principios y requisitos fundamentales de la legislación alimentaria comunitaria y el establecimiento de la AAE. De este modo, la AAE desempeñará un papel crucial en la futura legislación alimentaria, pero sólo se establecerá después de la revisión de dichas disposiciones. Dado el calendario indicado en la cumbre de Niza de diciembre de 2000 (la AAE será operativa a principios de 2002), el Comité invita a las instituciones europeas a que examinen si algunos elementos de la propuesta podrían aplicarse antes de esa fecha.

2.3.        El Comité apoya un mayor uso de los reglamentos como instrumentos legislativos comunitarios, dado que esto refuerza la aplicación y práctica uniformes y contribuye a un mejor funcionamiento del mercado interior que redunda en beneficio de los consumidores, así como de la industria alimentaria. No obstante, a este respecto el CES muestra su sorpresa por el alto número de expresiones para las que la definición es vaga o inexistente (por ejemplo, en el artículo 19, las expresiones "siempre que las circunstancias lo permitan", "en la fase apropiada", "organismos representativos", o en el apartado 3 del artículo 6, "otros factores relevantes para el tema de que se trate", y en el primer apartado, "las circunstancias o la naturaleza de la medida legislativa"). Dado que las disposiciones establecidas en el Reglamento son aplicables directamente, una vaguedad de esta naturaleza en la expresión podría conducir a problemas de interpretación jurídica y, como tal, resulta inaceptable.

2.4.        El Comité considera que se necesita mayor claridad con relación a quién exactamente se dirigen los diferentes artículos del Reglamento. No debería existir margen de ambigüedad acerca de las responsabilidades de los Estados miembros y otras partes interesadas. Un ejemplo de esta posibilidad de confusión es el artículo 8, cuyo apartado 1 parece dirigirse a los Estados miembros, mientras que el 2 parece imponer una obligación a los productores de alimentos. Asimismo, la propuesta sometida a examen debe tener en cuenta que los agentes que intervienen en la cadena alimentaria son muy diversos y muestran diferentes necesidades con respecto a las normas que han de cumplir al objeto de conseguir el resultado propuesto, es decir, alimentos seguros. Por consiguiente, la especial situación de las PYME en la cadena alimentaria debería recibir una atención adecuada.

 

2.5.        El Comité manifiesta su sorpresa ante el grado de incoherencia entre los considerandos, por una parte, y, por otra, el cuerpo del proyecto de Reglamento tal y como se desarrolla en los artículos. Ello no parece justificado y podría conducir a problemas ulteriores de interpretación. A modo de ejemplo, el quinto "considerando" indica que los principios y definiciones de la legislación alimentaria incluidos en el Reglamento deberían conformar una base común para todas las medidas aplicables a los alimentos, mientras que en el artículo 3 se establece que las definiciones dadas se aplicarán "a los efectos de este Reglamento".

2.6.        El Comité celebra este nuevo enfoque de la legislación alimentaria comunitaria, con su énfasis en la seguridad alimentaria, pero recomienda una integración continua con principios básicos y firmemente establecidos en los que se ha fundamentado buena parte de la normativa sobre la alimentación, como son la libre circulación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la subsidiariedad. Entre los objetivos de la legislación alimentaria es necesario hacer referencia no sólo a la seguridad alimentaria, sino también a otros aspectos, desarrollando el "modelo alimentario europeo" conforme a los principios de calidad, diversidad y seguridad, como se definió en el Consejo de Agricultura de Biarritz.

2.7.        Asimismo, el Comité expresa su convencimiento de que el énfasis –que suscribe– dado a la protección del consumidor, respaldará a su vez otros objetivos primordiales, como un mejor funcionamiento del mercado interior y la competitividad de la industria alimentaria comunitaria. Sólo restaurando la confianza de los consumidores y garantizando el seguimiento adecuado, la trazabilidad y los controles, será posible evitar las distorsiones del mercado interior y las actitudes neoproteccionistas.

2.8.        En cuanto a la AAE, el CES se reserva el derecho de formular observaciones más detalladas una vez que la AAE haya comenzado a ser operativa durante un período de tiempo razonable. Si bien parece que las estructuras, métodos de trabajo y cuestiones similares se han pensado cuidadosamente, sólo el funcionamiento del nuevo organismo permitirá en la práctica una valoración apropiada de sus puntos fuertes y débiles. Por consiguiente, el Comité insiste en que se le incluya en las listas específicamente establecidas de las instituciones comunitarias para la recepción de los programas de trabajo y de los informes de actividades de la AAE (véanse las observaciones sobre el tercer párrafo del apartado 7 del artículo 24).

2.9.        El Comité considera que la propuesta de Reglamento debería contener en mayor medida un plan encaminado a una acción eficaz. A fin de asegurar que la seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad también en el CES, el Comité organizará periódicamente una evaluación ad hoc de los avances en este ámbito al objeto de permitir la participación permanente de la sociedad civil organizada y de contribuir a la transparencia, diálogo y comunicación con el público.

 

2.10.        El CES conviene en el término "Autoridad" elegido para este nuevo organismo, ya que con él se pone de relieve la intención clara de que esta nueva estructura constituya la piedra angular de la nueva política comunitaria de seguridad alimentaria. No obstante, el CES es consciente de las diferentes implicaciones que el término "Autoridad" podrían tener en las diferentes jurisdicciones de la UE y, por consiguiente, recomendaría elaborar una lista con las características fundamentales de lo que se entiende por este término y con los temas específicos para los que podría requerirse su asesoramiento científico con anterioridad a cualquier acto legislativo. Se debería facultar al nuevo órgano para actuar como un árbitro final en el caso de dictamen científico contradictorio, o, por lo menos, gozar de precedencia en casos de conflicto en cuestiones de su responsabilidad.

3.       Observaciones específicas

Título I: Ámbito y definiciones

3.1.        Artículo 2 ("Definición de alimento"). La definición parece muy amplia y, en opinión del Comité, corresponde al "enfoque integrado" respecto a la cadena alimentaria. Sin embargo, en ciertos aspectos la definición es mucho más restrictiva. Al definir los alimentos con relación a los productos farmacéuticos, la definición corre el riesgo de no tener en cuenta la evolución reciente del mercado alimentario. Los alimentos con alegaciones relativas a la salud tales como de "reducción del riesgo de enfermedad", que actualmente algunos considerarían que se hallan en pie de igualdad con las alegaciones relativas a la prevención, podrían entrar, en consecuencia, en la definición de una medicina y no en la categoría de alimentos con alegación de efectos para la salud, a la que de hecho pertenecen.

3.1.1.        El segundo párrafo de la definición no incluye los "complementos alimenticios" a pesar de que una Directiva vertical sobre este tema está en curso de ser examinada dentro del proceso de codecisión2. El Comité desearía recomendar la inclusión de este término en la definición, ya que en el pasado ha causado con frecuencia dificultades de clasificación, especialmente con relación a los productos farmacéuticos.

3.2.        Artículo 3 ("Otras definiciones"). En el subapartado 1), es interesante observar que, a pesar de que no quede recogida en la definición de "alimento", se considera que los piensos para animales constituyen una parte importante de la "legislación alimentaria". En opinión del Comité, el uso de términos y conceptos en los diferentes artículos debería ser contrastada con el fin de evitar cualquier tipo de confusión. Igualmente, el subapartado 3) ("explotador de empresa alimentaria") precisa una explicación más pormenorizada, sobre todo teniendo en cuenta la traducción del Reglamento realizada en otras lenguas y la gran responsabilidad otorgada a estos "explotadores", por ejemplo, en el artículo 10. El Comité lamenta que se haya perdido la oportunidad de definir conceptos como "engañoso", "adulteración", etc.

Título II: Normativa General sobre Alimentos

3.3.        Artículo 5 ("Objetivos generales"). Con relación al comentario en el punto 2.7. antes señalado, el funcionamiento adecuado del mercado interior debería ser incluido en el apartado 1. El Comité constata que las cuestiones relativas a la protección de animales y del medio ambiente se tratan en un reglamento relativo al derecho alimentario. El Comité supone que sólo se atiende a ambos objetivos en la medida en que son relevantes para la seguridad alimentaria. Además, se plantea la pregunta de cómo quiere asegurar la Comisión que estos objetivos se retengan también para los alimentos importados, tal y como se prevé en el apartado 1 del artículo 16 ("requisitos que sean, al menos, equivalentes").

3.4.        Artículo 5 ("Objetivos generales"). A pesar de que, en términos generales, se ajusta a los principios básicos del Acuerdo MSF, el apartado 3 está redactado de manera demasiado imprecisa en lo que se refiere a la posibilidad de que la UE quede exenta de obligaciones internacionales sin –aparentemente– tener que presentar una justificación detallada.

3.5.        Artículo 6 ("Protección de la salud"). Según quedó señalado en el punto 2.3., la afirmación del apartado 1 de que la Normativa sobre Alimentos se base en el análisis del riesgo "salvo que esto no convenga a las circunstancias o la naturaleza de la medida legislativa" debe ser clarificada. Apartarse de un principio que podría considerarse como uno de los más importantes en el nuevo enfoque sólo sería posible en circunstancias bien definidas. La referencia a "otros factores relevantes para el tema de que se trate" del apartado 3 necesita la misma clarificación o definición y, asimismo, orienta los debates actualmente entablados a nivel internacional. De conformidad con el Dictamen del CES sobre el Libro Blanco, convendría decidir si estos "otros factores legítimos" como, por ejemplo, el medio ambiente, la sostenibilidad y el bienestar de los animales han de representarse y equilibrarse adecuadamente en una política alimentaria en la que la seguridad constituya el objetivo primordial (véase el Dictamen sobre el Libro Blanco, punto 3.18.)

3.6.        Artículo 7 ("Principio de precaución"). No es muy lógico que un principio que ha recibido una atención de tan alto nivel siga sin definirse en el Reglamento. Además, el concepto de "incertidumbre científica" en el que, aparentemente, se basa el principio de precaución, requiere una definición más específica. En general, se reconoce que la "certidumbre científica" no es, en este contexto, un objetivo realista. Con respecto al principio de precaución, el CES se remite a su propio dictamen sobre este tema, aprobado el 12 de julio de 2000 (véanse las conclusiones en el punto 14.2.)3

 

3.7.        Artículo 8 ("Protección de los intereses de los consumidores"). El Comité comparte las preocupaciones fundamentales de la Comisión, según quedan expresadas en este artículo. Sin embargo, se debería especificar con más detalle cómo puede garantizarse que el etiquetado, la publicidad y la presentación de los productos no induzcan a engaño a los consumidores. En este sentido, hay que señalar que se ha realizado no poca investigación sobre las necesidades de etiquetado para los consumidores y que las frecuentes peticiones (véanse las conclusiones del Intergrupo "Alimentación" del PE) de una revisión fundamental de la actual política comunitaria de etiquetado no han sido recogidas en esta propuesta.

3.8.        Artículo 9 ("Trazabilidad"). En principio, el Comité se pronuncia a favor de que la trazabilidad de un alimento se pueda seguir en cada fase –o en las sucesivas fases– desde la producción primaria hasta los consumidores finales. Y asume que, en el contexto de la viabilidad práctica de este principio en los diferentes sectores alimentarios y en las repercusiones financieras de los correspondientes sistemas, diversas cuestiones necesitan todavía una clarificación.

3.9.        Artículo 12 ("Requisitos de seguridad alimentaria"). La relación exacta entre el texto de este artículo y la Directiva sobre la seguridad general de los productos requiere una clarificación.

3.10.        Entre el artículo 16 ("Alimentos importados a la Comunidad") y el artículo 17 ("Alimentos exportados de la Comunidad"), la Comisión debería considerar la posibilidad de introducir un artículo que tratara de los llamados "productos de tránsito". El Comité considera que, a fin de evitar una gran divergencia de interpretaciones, se debería precisar la expresión "al menos, equivalente" recogida en el apartado 1 del artículo 16. En cuanto a la exportación de alimentos y piensos establecida en el artículo 17, el CES opina que se debería llevar a cabo de conformidad con las normas y legislación del país importador, tomando como punto de partida mínimo las normas convenidas del Codex sobre sendas cuestiones, excepto cuando haya una prueba clara de que existe riesgo para la salud pública.

3.11.        Artículo 19 ("Consulta pública"). El Comité estima que se debería volver a redactar este artículo de la manera siguiente: "En todas las fases de elaboración de la legislación alimentaria se procederá a una consulta pública eficaz con las partes interesadas".

3.12.        Artículo 20 ("Información al público"). La comunicación de este tipo de información potencialmente sensible debería ser siempre correcta y objetiva. Debería definirse con propiedad qué se entiende por "las autoridades" en la cuarta línea de este artículo.

 

Título III: Organismo Alimentario Europeo

3.13.        Artículo 21 ("Misión de la Autoridad"). El Comité acoge favorablemente la amplitud de competencias de esta misión, pero subraya la necesidad de establecer prioridades en aras de la eficacia. En opinión del CES, las tareas y responsabilidades de la AAE deberían definirse y delimitarse claramente. La ampliación de las responsabilidades de la AAE a ámbitos que podrían poner en peligro su cometido principal debería evitarse.

3.13.1.       Fiel a su postura sobre el Libro Blanco, el CES celebra la inclusión de la nutrición como una parte integral de la misión de la AAE, confiando en que se delimite correctamente el ámbito de competencia, que debe atenerse a cuestiones científicas orientadas a la seguridad alimentaria. Los programas de fomento de la salud y otros similares deberían seguir dependiendo de la Comisión y de sus servicios especializados.

3.13.2.       Se precisa mayor claridad en la responsabilidad de la AAE. La propuesta de Reglamento indica aparentemente que la AAE sólo es en última instancia responsable ante la Comisión. Esto no se ajusta al Dictamen del CES sobre el Libro Blanco, en el que se afirma que la AAE también debería ser responsable ante el Parlamento Europeo y los Estados miembros (véase el Dictamen sobre el Libro Blanco, pun to 3.17.)

3.13.3.       En el apartado 3 el Comité sugeriría que, con vistas a garantizar el reconocimiento formal de los dictámenes de la AAE y del papel de la ciencia en la toma de decisiones, durante el proceso decisorio sobre asuntos de alimentación se debería consultar a la AAE para verificar el contenido científico y la coherencia de las propuestas en el momento de su incorporación al proceso y antes de su aprobación final.

3.14.        Artículo 22 ("Tareas de la Autoridad"). El CES considera que debería ser mencionado en las "instituciones comunitarias" de la letra a). La letra l), conjuntamente con el artículo 39 ("Comunicación"), indica que el público recibirá información directamente de la AAE sobre aspectos de la determinación del riesgo en temas específicos, mientras que los responsables de la gestión del riesgo informarán sobre las medidas legislativas y de otro tipo adoptadas sobre el mismo tema. Esto plantea cuestiones cruciales sobre los medios y la eficacia de las comunicaciones de la AAE, que podrían afectar a su credibilidad pública y, ciertamente, a sus perspectivas de éxito. La AAE tiene que suscitar respeto por la amplitud de sus recursos científicos, la seguridad de sus juicios y la celeridad de su respuesta a los casos urgentes. Precisará ganarse muy rápidamente la confianza de los consumidores a través de los medios de comunicación existentes y es de vital importancia que se obtenga la máxima ventaja del hecho de tener una única voz autorizada.

 

3.15.        Artículo 23 ("Componentes de la Autoridad"). El Comité considera que el cambio de terminología para los componentes científicos en la letra d) puede generar problemas de claridad a los usuarios o puede ser visto como una reducción de su autoridad y su capacidad para proporcionar un adecuado apoyo técnico a lo largo del tiempo.

3.16.        Artículo 24 ("Junta directiva"). Se necesita una clarificación en cuanto a la composición y procedimientos o criterios que probablemente se utilizarán en la selección de los candidatos. Según se indicó más arriba, el CES destacaría la necesidad de que los operadores primarios, secundarios y terciarios del sector alimentario formen parte de la Junta a fin de hacer hincapié en el enfoque integrado respecto a la cadena alimentaria (véase punto 1.7.). El CES lamenta que no se le mencione ni a él ni al Comité de las Regiones, a pesar de que ambos han demostrado que, en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, su concurso aporta valiosas contribuciones. En este mismo sentido, el CES llama la atención sobre el tercer párrafo del apartado 7, al que ya se refirió en el punto 2.8.

3.17.        Apartado 6 del artículo 26 ("Foro consultivo") y apartado 8 del artículo 27 ("Comité científico y paneles científicos"). La participación de la Comisión (responsable de la gestión del riesgo) en las reuniones del Foro consultivo (así como en el Comité científico, los paneles científicos y los grupos de trabajo, según se prevé en el artículo 27) debe garantizar el objetivo predominante de mantener una clara línea divisoria entre la determinación del riesgo y la gestión del mismo y, a tal fin, debería reforzarse el apartado 8 de dicho artículo. El apartado 1 debería prever la representación de delegados. Es difícil apreciar de qué manera un solo representante puede asegurar que una red nacional lo más amplia posible reaccione y participe adecuadamente.

3.18.        Artículo 27 ("Comité Científico y paneles científicos"). El CES desearía que se incorporara la posibilidad de organizar "task forces" específicas en cuestiones que no sean responsabilidad específica de uno de los paneles mencionados. En este artículo también se debería introducir la posibilidad de organizar audiencias. Los títulos de los paneles deberían ser más flexibles para poder incorporar cuestiones como las consecuencias de la contaminación en la cadena alimentaria y la intolerancia a los alimentos. Asimismo, el Comité subraya la exigencia de incluir también un panel científico que aborde el delicado problema de las producciones tradicionales y de la seguridad alimentaria.

3.19.        Artículo 28 ("Dictámenes científicos"). Se plantea la cuestión de cómo y quién adoptará decisiones con relación a cuál de los numerosos dictámenes que se solicitan a la AAE se concederá la prioridad.

3.20.        Artículo 29 ("Dictámenes científicos contradictorios"). Parece ser que el apartado 3 indica que, en caso de conflicto entre los responsables de la determinación del riesgo, la decisión final sobre la determinación de éste será adoptada por el responsable de la gestión del riesgo. Ciertamente, como se señaló en el punto 2.10., el árbitro final en tales casos debe ser la AAE. El apartado 4 no da una solución para esta clase de conflicto potencial y precisa una clarificación más detallada.

3.21.        Artículo 32 ("Recopilación de datos"). Se debería incluir al CES en la lista de instituciones mencionada en el apartado 6 a las que la AAE comunicará sus resultados sobre recopilación de datos.

3.22.        Artículo 33 ("Identificación de riesgos emergentes"). Se debería incluir al CES en la lista de instituciones que deben recibir información sobre riesgos emergentes.

3.23.        Artículo 34 ("Sistema de alerta rápida"). El CES es consciente de la preocupación de varios Estados miembros con relación a la gestión del sistema de alerta rápida a cargo de la AAE. Debería establecerse con absoluta claridad lo que se entiende por la "gestión diaria" de este sistema, así como cuáles son los papeles específicos de la Comisión y la AAE.

3.24.        Artículo 41 ("Consumidores y otras partes interesadas"). El CES toma nota de que la Comisión ha tenido en cuenta su recomendación relativa al diálogo con los consumidores y otras partes interesadas, y espera que se pueda mejorar el texto final con la mención de que dicho diálogo se garantice en todos los niveles de la cadena alimentaria.

3.25.        Artículo 42 ("Aprobación del presupuesto de la Autoridad") en combinación con el artículo 44 ("Tasas cobradas por la Autoridad"). El Comité considera que es necesario modificar la terminología en algunas versiones lingüísticas para garantizar que no se trata de tasas o impuestos, sino del coste de los servicios prestados. El pago de derechos por servicios prestados nunca debería poner en peligro la independencia y objetividad de la Autoridad. El CES solicita que se indique qué servicios prestados por la AAE podrían ser objeto del pago de derechos.

3.26.        Artículo 48 ("Participación de terceros países"). El CES considera que, dada la importancia crucial e inminente de esta cuestión, las normas sugeridas deberían hacerse mucho más precisas y específicas.

Título IV: Sistema de Alerta Rápida, gestión de crisis y situaciones de emergencia

3.27.        Artículo 53 ("Célula de crisis"). El CES considera que en este artículo el papel de la Célula de crisis se centra excesivamente en la gestión de las crisis una vez que se han producido, y no menciona lo que el Comité estima de mucha mayor importancia, esto es, la prevención de las crisis. Por consiguiente, la Célula de crisis no debería ser un órgano que se constituya únicamente una vez que se haya producido una crisis, sino que debería contribuir a evitar situaciones de crisis de modo permanente. En el caso de una crisis real, siempre se podría reforzar la Célula añadiendo personal y recursos extraordinarios.

Título V: Procedimientos y disposiciones finales

3.28.        Artículo 59 ("Procedimiento de mediación"). Al parecer, este artículo introduce un procedimiento especial de quejas relativas al libre comercio en casos relativos a la seguridad alimentaria. El CES se pregunta si esto es necesario y si no sería más apropiado modificar el procedimiento en su conjunto.

3.29.        Artículo 60 ("Cláusula de revisión"). El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 60 indica que la Junta directiva examinará las conclusiones de la evaluación y, si es necesario, recomendará a la Comisión cambios en la AAE y sus prácticas de trabajo. Tras una evaluación cuidadosa de las conclusiones, ¿no se debería hallar la misma Junta de directiva en mejores condiciones para decidir qué caminos conviene seguir? La formulación actual da fácilmente la impresión de que la AAE sólo es, a toda clase de efectos, una sección más de la Comisión. El CES considera que este informe de evaluación también debería presentarse a las demás instituciones comunitarias, incluido el CES, y que las observaciones de éstas precisan ser tenidas en cuenta en las conclusiones finales.

3.30.        Artículo 62 ("Competencias de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos"). A pesar de que este artículo establece que el Reglamento debería aplicarse "sin perjuicio de las competencias" de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, el CES desearía destacar, tal y como ya hizo en su Dictamen sobre el Libro Blanco (véase punto 3.17.c), que la relación de la AAE con la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos será especialmente importante, en particular al abordar los productos ambiguos en los que podrá haber dificultades para determinar si deben clasificarse como alimentos o medicamentos. Parece haber una justificación para dar más detalles acerca de cómo se llevará a la práctica esta relación. En el mismo sentido, el CES considera igualmente que debería dedicarse específicamente un artículo a la relación entre la AAE y la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de Dublín.

4.      Conclusiones

4.1.        Tal y como se indicó anteriormente, el Comité valora positivamente el gran esfuerzo de la Comisión por llevar adelante la propuesta objeto de examen, lo que demuestra la importancia fundamental que concede a la seguridad alimentaria. El Comité no puede sino celebrar la incorporación de un plan global, con estructuras mejoradas, que implica a toda la cadena alimentaria y se fundamenta en los principios de apertura, excelencia y transparencia.

4.2.        Sin embargo, la vaguedad de determinados artículos y principios, la poca coherencia entre varias partes del documento, así como la falta de claridad respecto al reparto exacto de las diferentes responsabilidades requieren un trabajo ulterior si se quiere que el Reglamento alcance sus metas.

4.3.        El Reglamento debería contener, en primer término, un plan de acción eficaz. El desafío real es hacer las cosas mejor que antes e incrementar la confianza general en toda la cadena alimentaria. En consecuencia, el CES se propone seguir llevando adelante su acción con el fin de asegurar que el avance en las cuestiones de seguridad alimentaria se centre principalmente en resultados y medidas de prevención; por consiguiente, organizará periódicamente evaluaciones ad hoc de los avances en este ámbito que garanticen la coherencia y el diálogo sobre estas cuestiones.

4.4.        Con vistas a que se pueda evaluar el progreso en asuntos de seguridad alimentaria y juzgar si el nuevo sistema cumple con las expectativas, el CES subraya la necesidad de criterios de evaluación, como el aumento o la disminución de la confianza del consumidor, la frecuencia y gestión de las crisis alimentarias, la cooperación reforzada entre las partes interesadas, etc.

4.5.        Si existe un consenso general acerca del importante papel de la futura AAE, el CES considera que debería llevarse a su conclusión lógica, que sería dejar a la AAE un papel dentro del proceso decisorio sobre alimentación, centrándose en la protección de la coherencia científica y manteniendo en todo momento una postura neutral y una separación realista entre la determinación del riesgo y la gestión del riesgo. El CES se ofrece a transformar este concepto en planes más concretos y sugiere que se constituya un grupo de trabajo conjunto sobre este tema con todas las demás instituciones europeas y las partes interesadas pertinentes.

Bruselas, 28 de marzo de 2001.

El Presidente

del

Comité Económico y Social

Göke FRERICHS

El Secretario General

del

Comité Económico y Social

Patrick VENTURINI

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ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social

Enmiendas rechazadas

A.  La propuesta de enmienda siguiente, que obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso de los debates:

Punto 3.8.

Añádase al final del punto lo siguiente:

" Por consiguiente, en función de que sean productos destinados a la alimentación humana o animal, deben determinarse umbrales críticos para las sustancias y compuestos presentes en los productos, con el fin de que el sistema de trazabilidad sea factible y funcional, sobre todo para las PYME."

Exposición de motivos

La redacción propuesta permite una interpretación sensata del principio de trazabilidad, al determinar los umbrales críticos para las sustancias presentes en determinados tipos de productos, de forma que los explotadores puedan cumplir sus obligaciones.

Resultado de la votación:

Votos a favor: 24

Votos en contra: 63

Abstenciones: 3

______________

1  CES 585/2000, DO C 204 de 18.7.2000, p. 21.


2  CES 1183/2000, DO C 14 de 16.1.2001.


3  DO C 268 de 19.9.2000.



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R/CES 23/2000  ES-tg/MP/rf …/…



CES 404/2001 - 2000/0286 (COD)   EN-JBT/MIG/mf/cf/ms …/…


CES 404/2001 - 2000/0286 (COD)   EN-JBT/MIG/mf/cf/ms …/…


CES 404/2001 - 2000/0286 (COD)  Anexo   EN-JBT/MIG/mf/cf/ms